Menos demandas, más atasco: la Justicia murciana se ahoga pese a la mediación obligatoria

La Región de Murcia vive una paradoja judicial que resume bien las tensiones del nuevo modelo de Justicia impulsado por el Gobierno: entran menos demandas en los juzgados, pero nunca ha habido tantos asuntos pendientes de resolver. La fotografía la aportan los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que confirman que la caída en el número de pleitos no se ha traducido, al menos por ahora, en una mejora de la capacidad de respuesta de los tribunales.

La explicación hay que buscarla en la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que obliga a intentar una mediación o negociación previa —los denominados Métodos Alternativos de Solución de Conflictos (MASC)— antes de acudir a la vía judicial. La norma, concebida para reducir la litigiosidad y fomentar la cultura del acuerdo, ha tenido un efecto inmediato en las estadísticas… pero no el que muchos esperaban.

Tal y como ya publicó este diario, entre finales de marzo y comienzos de abril se produjo una auténtica avalancha de demandas en los juzgados murcianos. Miles de ciudadanos y profesionales del Derecho se apresuraron a presentar sus escritos antes de que la nueva ley fuera plenamente exigible, tratando de esquivar el requisito de la mediación previa. Solo en el partido judicial de Murcia se registraron 3.686 asuntos entre el 31 de marzo y el 2 de abril de 2025, según datos del Servicio Común General. El contraste fue abrupto: los días 3 y 4 de abril, ya con la ley en vigor, apenas entraron 118 asuntos.

Ese desplome inicial en la entrada de demandas se ha consolidado en los meses siguientes. Según el CGPJ, los órganos judiciales de la Región de Murcia registraron durante el tercer trimestre de 2025 un total de 50.340 asuntos de nuevo ingreso, un 5,3% menos que en el mismo periodo del año anterior. Sin embargo, la aparente mejoría se diluye al observar el reverso de la estadística: al cierre del trimestre, los asuntos pendientes ascendían a 223.574, un 12% más que hace un año.

El orden jurisdiccional Civil es el que mejor refleja esta contradicción. Fue el ámbito donde más se notó la caída de nuevos procedimientos, con 15.710 asuntos ingresados en el tercer trimestre, muy por debajo de los datos del ejercicio anterior. Desde el Poder Judicial explican que esta bajada está “estrechamente vinculada a la reducción de los procedimientos monitorios”, tradicionalmente utilizados para reclamar deudas, que han descendido un 28,3% en solo un año.

Pese a ello, la capacidad de resolución sigue siendo limitada. Entre julio y septiembre, los juzgados civiles de la Región resolvieron 17.277 asuntos, con una media de 221,5 por órgano judicial. El resultado es un embudo cada vez más estrecho: la jurisdicción civil concentra ya 141.635 asuntos pendientes, la mayor carga de trabajo de todo el sistema judicial murciano.

La ley no está exenta de polémica, especialmente en determinados supuestos donde la mediación resulta, a juicio de muchos profesionales, poco menos que una ficción. Es el caso de los impagos en comunidades de propietarios, donde el margen de negociación es mínimo cuando el deudor no tiene voluntad de pagar o busca dilatar el proceso. A ello se suman los criterios dispares de algunos juzgados a la hora de valorar si la negociación previa ha sido “suficiente”, lo que ha provocado choques con abogados y retrasos en la admisión de demandas.

“De ‘eficiencia’ solo tiene su rimbombante nombre”, sentencia el abogado murciano Evaristo Llanos, muy crítico con la reforma. A su juicio, la ley “lo único que ha conseguido es provocar un atasco judicial sin precedentes”, al obligar a quienes necesitan litigar —“nadie va a los tribunales por gusto”, subraya— a justificar intentos de acuerdo que, en muchos casos, están condenados al fracaso. “Se obliga al demandante a ofrecer rebajas o beneficios al deudor, mientras los juzgados se colapsan con trámites previos y las demandas ni siquiera pueden interponerse”, lamenta. El resultado, añade, es que los justiciables ven retrasadas sus reclamaciones y los demandados, “generalmente morosos, bailan con castañuelas porque se benefician del retraso”.

No todos los profesionales comparten una visión tan severa. El abogado José Manuel Muñoz Ortín considera que el descenso de demandas civiles es “una consecuencia lógica y esperable” de la mediación obligatoria, que define como “intrínsecamente positiva”. En su opinión, fomentar el acuerdo permite descongestionar los tribunales y resolver conflictos de forma más ágil, económica y menos traumática. Eso sí, advierte de que el sistema solo funcionará si no se convierte en “una barrera burocrática insalvable”. “Debe ser suficiente acreditar cualquier intento de negociación que haya resultado infructuoso”, defiende, denunciando la existencia de obstáculos administrativos que desvirtúan la flexibilidad de la medida.

Más escéptico se muestra José Manuel Hernández Benavente, que pone el acento en los efectos prácticos de la reforma: “En la mayoría de los casos, esa mediación previa no soluciona el problema y lo único que hace es retrasar la llegada al juzgado. Se pierde más tiempo en presentar una demanda”.

Con este telón de fondo, la Región de Murcia encara un escenario judicial marcado por la incertidumbre. Menos pleitos entran en los juzgados, pero la montaña de asuntos pendientes sigue creciendo. La pregunta que sobrevuela despachos y salas de vistas es si la nueva ley logrará, con el paso del tiempo y los ajustes necesarios, cumplir su promesa de eficiencia o si, por el contrario, el descenso estadístico de demandas no es más que un espejismo que esconde un atasco cada vez mayor.